martes, 23 de marzo de 2010

UN COMITE DE LA ONU RECLAMO EL FIN DE LOS DESALOJOS DE ABORIGENES

Teniendo presente el trabajo que viene realizando la Comisión Territorial Wichí de Misión Chaqueña, en conjunto con Fundación Deuda Interna, en el marco de lo acordado en el Primer Manifiesto Wichí, es que adjuntamos esta noticia que no sólo avala nuestro trabajo solitario y sin recursos en este sentido, sino que alienta a todos los hermanos que sean testigos de delitos contra la propiedad aborigen, de matanzas presentes o pasadas, de desalojos o de cualquier problemática que atente contra el derecho de ciudadanos argentinos originarios, a que se comuniquen con nosotros para su documentación y posterior denuncia, resguardando su identidad para la protección de su seguridad.

Comisión Territorial de Misión Chaqueña

Tel. de Contacto Secretario: Sr. Fausto Atilio Díaz 03878 -15409816

Sr. Emilio Iosa

Presidente de Fundación Deuda Interna 03541 -155 72204

NOTICIA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO SOCIEDAD, DEL DIARIO PÁGINA 12, EL DIA VIERNES 19 DE MARZO DE 2010

Un llamado a no discriminar

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a la Argentina el cese de los desalojos forzosos de comunidades originarias y pidió que se sancione a los responsables y se compense a los afectados. Hizo en total veintitrés recomendaciones al país.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas emitió su informe final sobre la situación racial en la Argentina. Si bien el organismo mostró algunos avances con respecto a esa situación en el país, marcó falencias e hizo recomendaciones que deberán ser trabajadas “con urgencia” por el Estado argentino. En el escrito, una de las principales advertencias hace referencia a una de las problemáticas que se replica en distintas provincias: la apropiación de tierras que pertenecen a los pueblos originarios: “El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias y efectivas para asegurar que la legislación que prohíbe los desalojos forzosos se aplique por igual en todo el territorio nacional”. Además, reclama “que el Estado investigue eventos recientes de desalojo de pueblos indígenas, sancione a los responsables y compense a los afectados”.

El informe requiere que se “instaure mecanismos adecuados para llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. La ley nacional 26.160 frenó por cuatro años los desalojos de las comunidades originarias. Si bien fue extendida por un plazo igual, el Comité reclama su aplicación en todo el territorio, ya que seis provincias, Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén, no han aceptado aplicarla.

Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que el informe llama a que los temas indígenas “deben formar urgentemente parte de las políticas y la agenda pública, ya que existe una situación muy grave de violación de derechos humanos contra esos pueblos”. Además resaltó que el Comité solicita al Estado la adopción de medidas para lograr “una adecuada represen- tación y participación indígena”. El CELS presentó, junto a otras organizaciones sociales, un informe alternativo al oficial en el Comité.

La Argentina forma parte de distintos tratados internacionales, algunos incluidos en la Constitución Nacional, como el de la Convención Internacional Contra la Discriminación Racial. El Comité de Naciones Unidas es el encargado de velar por su cumplimiento. Para ello, los distintos Estados deben presentar informes periódicos que indiquen las medidas que fueron tomadas al respecto. En febrero de 2010 fue el turno de la Argentina. Luego de recibir hace algunos meses el informe de la República Argentina, que debió defenderlo durante las audiencias realizadas entre el 15 de febrero y el 12 de marzo, el organismo lo evaluó y aprobó una serie de observaciones en las que se incluyen aspectos positivos, pero también recomendaciones.

Entre los avances que reconoce el Comité se destacan “la creación de instituciones implementadas para combatir la discriminación racial y tendiente a promover y coordinar la políticas públicas en materia indígena”, tales como el Inadi, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, detalla el escrito. Además, “observa con satisfacción” las medidas para evitar los mensajes discriminatorios en los medios de comunicación y la implementación de la Ley Nacional de Migraciones, vigente desde enero de 2004.

Entre sus veintitrés recomendaciones, uno de los puntos destacados es el que llama a “reconocer e integrar” a los afrodescendientes, que “han sido bastante invisibilizados en el país”, afirmó Pochak. También pide políticas para una mayor inclusión de los migrantes y recomienda al Estado que “intensifique los esfuerzos para lograr el reconocimiento de un país multiétnico”.

Informe: Rocío Ilama.

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